Nuestro tema: Notas para un debate necesario sobre el Estatut
La aprobación de una nueva propuesta de Estatut por parte del noventa por ciento de miembros del Parlament de Catalunya ha desatado un encendido debate sobre su encaje constitucional y sobre las eventuales modificaciones que deberían introducirse durante su tramitación en el Congreso de los Diputados.

En realidad, la mayoría de defectos jurídicos achacados al nuevo texto no puede deslindarse de la previa decisión política de rechazar una interpretación abierta y flexible de la Constitución española y de la legislación orgánica estatal.

Contemplada con buena fe, sin embargo, el núcleo de la reforma propuesta no hace sino recoger las tesis que, a lo largo de más de 25 años, han señalado la necesidad de limitar los excesos intervencionistas por parte del legislador estatal y de defender una interpretación más respetuosa con las demandas de autogobierno y de adecuación de aspectos simbólicos e identitarios por parte de las diferentes Comunidades Autonómas.

Desde esta perspectiva, y sobre todo tras el filtro introducido por el Consell Consultiu y por las posteriores enmiendas al texto original, es difícil identificar cuestiones que puedan situarse, sin más, fuera del ámbito de lo constitucionalmente admisible. Contra lo sostenido por sus detractores más cerriles, nada en la propuesta del Parlament de Catalunya sugiere que se esté ante un texto que pretenda «reformar veladamente la Constitución» o apartarse de lo sostenido por una parte importante de la doctrina y de los votos mayoritarios y particulares emitidos por diferentes magistrados del Tribunal Constitucional.

Concepto de nación

Para comenzar, la autodefinición de Catalunya como «nación», que en cierto modo recoge el lenguaje utilizado por el propio preámbulo de la Constitución, no supone sino el ejercicio del derecho, también constitucional, a fijar en los Estatutos «la denominación de la comunidad que mejor se ajuste a su identidad histórica» (artículo 147.2). En el caso de la propuesta del Parlament catalán, esta definición no es incompatible ni excluyente con otras definiciones nacionales, ni presupone el derecho a constituir «un nuevo Estado separado del actual». De hecho, el artículo 1 de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana hace referencia al «Reino de Valencia» como denominación histórica de la Comunidad, sin que el uso de esta expresión haya planteado ningún problema respecto al Reino de España.

Algo similar ocurre con las referencias a los derechos históricos. Lejos de tratarse de una mera «invención de la clase política catalana», la propia Constitución los reconoce en relación a los territorios forales y otros Estatutos, como el de Aragón o como la propuesta valenciana, los invocan en su redacción. En ningún caso, por lo tanto, se trata de una expresión en conflicto con la legitimidad de las instituciones democráticas actuales ni pretende convertirse en fuente autónoma de atribución de las competencias.

Respecto a los derechos

En materia de derechos, se ha dicho que el Estatut no puede consagrar privilegios que rompan con la igualdad que debe regir entre todos los españoles. Sin embargo, la idea de autonomía comprende la posibilidad de que el Estatut incorpore derechos y deberes en materias directamente relacionadas con el ejercicio de competencias de la Generalitat.

En el caso de la propuesta del Parlament, buena parte de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales reconocidos ya se encontraban contemplados en leyes catalanas. Según quién sea el observador externo pueden resultar insuficientes o excesivos. Pero en ningún caso –ni siquiera en el de los derechos lingüísticos– pueden reputarse discriminatorios o vulneradores de otros derechos fundamentales. La igualdad que protege la Constitución española, como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido, es una igualdad en contenidos básicos, que no supone uniformidad ni excluye modulaciones diversas de acuerdo a la propia identidad y vocación de autogobierno.

Sobre el poder judicial

Otro de los elementos que ha generado polémica ha sido la configuración que la propuesta de Estatut realiza del Poder Judicial. También aquí, se ha afirmado, la unidad estatal estaría abiertamente amenazada. Lo cierto, sin embargo, es que, sin perjuicio de las demandas de desconcentración de funciones, ni el Tribunal Superior de Justicia ni el Consell de Justícia de Catalunya se configuran como órganos de la Generalitat. Siguen siendo concebidos como piezas integrantes de un Poder judicial único, regulado por una ley orgánica estatal. Y en ningún caso puede decirse que los reclamos competenciales concretos –del todo corrientes, por otro lado, en cualquier Estado federal– pongan en peligro o supongan un vaciamiento de otros órganos estatales.

Las competencias

En materia de competencias, es verdad, el nuevo Estatut plantea un detallado y en ocasiones exhaustivo listado de las funciones (legislativa, reglamentaria y ejecutiva), materias y sub-materias que corresponderían a la Generalitat. E incluso sugiere en una disposición adicional qué leyes orgánicas estatales deberían modificarse para que esta nueva articulación adquiera plena vigencia.

La técnica utilizada puede calificarse, en cierto modo, de heterodoxa. Pero se explica claramente como respuesta a la lectura reduccionista y desfavorable de las competencias autonómicas que se ha venido consolidando en los últimos 26 años. La Constitución, en efecto, reserva al Estado una serie de competencias, pero deja sin concreción muchos aspectos que admiten interpretaciones diversas, todas ellas constitucionales. En ese sentido, las propuestas de «blindaje» del Estatut son un instrumento opinable pero legítimo de garantizar hacia el futuro un ámbito claro y determinado de competencias autonómicas que incluso permitiría orientar mejor la actuación del Tribunal Constitucional.

Ciertamente, muchas de estas competencias –en materia de inmigración, de puertos y aeropuertos– son hoy de titularidad estatal y están supeditadas, como establece el artículo 150.2 de la Constitución, al dictado de una ley orgánica de transferencia. La aprobación o no de esta ley por parte de las Cortes Generales es una cuestión de voluntad política. Para impulsarla, la mayoría del Parlament ha optado, como ya se ha dicho, por incorporar una cláusula fuera del texto del Estatut que sugiere su aprobación. La opción, sostenida por el propio Consell Consultiu, puede discutirse, pero es inadmisible presentarla como violación flagrante del texto constitucional.

La financiación

Por último, el espinoso tema de la financiación. Lo que está en discusión, en el fondo, es la posibilidad de ir más allá del modelo fijado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La Constitución lo permite, siempre que la mayor autonomía en recaudación, la gestión y la regulación impositiva no obstaculice la libre circulación de mercaderías y la libertad de establecimiento y se combine con mecanismos pactados de solidaridad y compensación de las desigualdades territoriales.

Todos estos elementos se encuentran suficientemente garantizados en la propuesta del Parlament. Podrá discutirse, por ejemplo, si los mecanismos de intervención económica y de solidaridad, para ser transparentes y equitativos, deben ser multilaterales o bilaterales (siendo lógico que el Estatuto de una Comunidad, por su propia naturaleza, incida antes en los últimos que en los primeros). Pero no es de recibo presentar como un privilegio lo que en el fondo es incluso un modelo generalizable a otras comunidades, al ritmo que éstas lo consideraran conveniente y siempre que se existiera voluntad política por parte del Estado central.

En definitiva: el proyecto de Estatut, como cualquier propuesta político-jurídica, es discutible. Desde diferentes posiciones, se ha sostenido que es importante que en las Cortes sus defectos salgan a la luz y sean objeto de corrección. Es posible. Sin embargo, si la democracia es un continuo debate y revisión de decisiones, esos criterios deben aplicarse con más razón a la interpretación de una Constitución –la española– aprobada hace ya más de 25 años en el restrictivo contexto de transición de una dictadura a una monarquía constitucional. Aprovechar el debate sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía para discutir las condiciones de una «segunda transición» que permita refundar el Estado sobre bases federalizantes y plurinacionales no es sólo legítimo sino hasta cierto punto inevitable. Sin que nadie, desde elementales presupuestos democráticos, deba rasgarse las vestiduras por ello.